La Fiscalía de Morelos presentó ante la Cámara de Diputados una solicitud formal para retirar el fuero al exgobernador y actual diputado federal, Cuauhtémoc Blanco, con el objetivo de que pueda ser investigado por el delito de violación en grado de tentativa en contra de su media hermana, Nidia Fabiola “N”. De acuerdo con el abogado de la víctima, Rodrigo Dorantes, el ataque ocurrió en diciembre de 2023 en la Residencia Oficial del Estado, cuando Blanco aún ejercía el cargo de gobernador. Además de la agresión sexual, la denunciante también acusa haber sido víctima de hostigamiento laboral durante su desempeño en la administración estatal.
El abogado Dorantes explicó que la denuncia detalla circunstancias específicas de tiempo, modo y lugar, lo que permitió encuadrar legalmente la acusación en un delito de índole sexual y amenazas. Asimismo, señaló que el Ministerio Público deberá ratificar la denuncia y analizar si existen otros delitos adicionales que pudieran derivarse de los hechos narrados por la víctima. La Fiscalía busca que la investigación avance sin obstáculos legales, ya que actualmente el fuero constitucional de Blanco le otorga inmunidad procesal, impidiendo que sea llamado a comparecer como cualquier ciudadano.
La defensa de la víctima argumenta que el fuero del exgobernador le otorga una ventaja procesal que impide que se realice una investigación en igualdad de condiciones. Por ello, la solicitud de desafuero busca equilibrar la situación y permitir que Blanco sea llamado a declarar ante un juez sin contar con protecciones especiales. “En este momento no estamos en condiciones de equidad, pues él tiene la ventaja del fuero. Una vez que se le retire, podrá ser citado por un Juez de Control y enfrentará el procedimiento legal como cualquier otra persona”, afirmó el abogado Dorantes.
En la denuncia también se encuentra implicado el medio hermano del exgobernador, Ulises Bravo, lo que podría ampliar la investigación a otros delitos y responsabilidades. La Fiscalía de Morelos enfatizó que la solicitud de desafuero no debe ser interpretada como una represalia política, sino como un acto de justicia para garantizar que las acusaciones sean debidamente esclarecidas. Ahora, corresponderá a la Cámara de Diputados analizar la petición y decidir si retira la inmunidad legislativa a Blanco para que pueda ser procesado conforme a la ley.
