El Gobierno de Donald Trump presentó una demanda contra la ciudad de Chicago y el estado de Illinois, argumentando que sus leyes santuario obstaculizan la aplicación de las leyes de migración. La administración acusa a las autoridades locales de liberar a inmigrantes con antecedentes penales en lugar de entregarlos a las agencias federales para su deportación. Esta acción legal es parte de la estrategia del gobierno para presionar a las jurisdicciones que protegen a los migrantes indocumentados.
La demanda llega un día después de que la nueva Secretaria de Justicia, Pam Bondi, ordenara retirar subvenciones federales a las ciudades santuario. Sin embargo, tribunales han respaldado en el pasado la legalidad de estas medidas, bloqueando intentos previos de la administración Trump de negar financiamiento. A pesar de esto, el gobierno busca intimidar a las ciudades santuario mediante litigios.
Chicago, con una larga tradición de ser un refugio para migrantes, ha reforzado sus políticas de protección en los últimos años. El alcalde Brandon Johnson y otros líderes locales han defendido estas leyes y planean testificar en el Congreso sobre el tema. Además, el estado de Illinois ha tomado medidas para educar a los migrantes sobre sus derechos y ha reforzado su compromiso con la comunidad migrante.
El gobernador de Illinois, JB Pritzker, rechazó las acusaciones del gobierno federal y afirmó que el estado cumple con la ley. Criticó la postura de Trump, señalando que, en lugar de colaborar con las fuerzas del orden, su administración busca afectar la seguridad pública con decisiones políticas. Mientras tanto, las autoridades de Chicago y el condado de Cook aún no han respondido oficialmente a la demanda.
