El gobierno de Javier Milei desató una fuerte polémica en Argentina tras la publicación de la Resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se utilizan términos ofensivos como “idiota”, “imbécil” y “retardado” para clasificar a personas con discapacidad intelectual. La medida ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos humanos y especialistas, quienes denuncian un retroceso en la protección de los derechos de esta comunidad.
La resolución, firmada por Diego Spagnuolo, titular de la ANDIS y exabogado personal de Milei, establece criterios basados en el Coeficiente Intelectual (CI) para determinar la elegibilidad de las personas con discapacidad para recibir una pensión. Este enfoque ha sido cuestionado por expertos debido a su carácter obsoleto y discriminatorio, además de enmarcarse dentro de una política de ajuste que busca reducir el gasto público mediante la eliminación de al menos 200 mil pensiones por discapacidad.
Organizaciones como la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) han manifestado su rechazo a la normativa. Señalan que el lenguaje empleado contradice la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Argentina en 2008, y atenta contra décadas de avances en inclusión y equidad.
Ante la ola de críticas, el gobierno de Milei anunció que modificará el texto de la norma. Sin embargo, la controversia ha generado un intenso debate sobre el trato que la administración actual otorga a las personas con discapacidad y su acceso a derechos fundamentales.
El gobierno de Javier Milei desató una fuerte polémica en Argentina tras la publicación de la Resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se utilizan términos ofensivos como “idiota”, “imbécil” y “retardado” para clasificar a personas con discapacidad intelectual. La medida ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos humanos y especialistas, quienes denuncian un retroceso en la protección de los derechos de esta comunidad.
La resolución, firmada por Diego Spagnuolo, titular de la ANDIS y exabogado personal de Milei, establece criterios basados en el Coeficiente Intelectual (CI) para determinar la elegibilidad de las personas con discapacidad para recibir una pensión. Este enfoque ha sido cuestionado por expertos debido a su carácter obsoleto y discriminatorio, además de enmarcarse dentro de una política de ajuste que busca reducir el gasto público mediante la eliminación de al menos 200 mil pensiones por discapacidad.
Organizaciones como la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) han manifestado su rechazo a la normativa. Señalan que el lenguaje empleado contradice la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Argentina en 2008, y atenta contra décadas de avances en inclusión y equidad.
Ante la ola de críticas, el gobierno de Milei anunció que modificará el texto de la norma. Sin embargo, la controversia ha generado un intenso debate sobre el trato que la administración actual otorga a las personas con discapacidad y su acceso a derechos fundamentales.
