El Diputado de Acción Nacional, Miguel Lechuga, ha realizado un llamado al Instituto Registral y Catastral del Estado para esclarecer la situación legal del terreno en Santa Catarina donde se proyecta la instalación de la Gigafactory de Tesla. Durante la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Poder Legislativo, que preside, Lechuga destacó que la llegada de Tesla a Nuevo León representa una oportunidad histórica para el desarrollo económico del estado, ya que implicaría una inversión multimillonaria, la generación de miles de empleos y el fortalecimiento del sector industrial y tecnológico.
Sin embargo, el legislador señaló que el éxito de este ambicioso proyecto depende de contar con plena certeza jurídica sobre el predio en cuestión. “Es preocupante que existan ciudadanos que aseguran ser los legítimos propietarios de parte del terreno y que denuncian irregularidades en los registros catastrales”, comentó Lechuga. El diputado explicó que, de comprobarse estas afirmaciones, se estarían vulnerando principios fundamentales como la legalidad y la transparencia, lo que no solo afectaría a los propietarios originales, sino que también pondría en riesgo la inversión de Tesla en el estado.
Miguel Lechuga subrayó que la función primordial del Instituto Registral y Catastral es ofrecer información clara y confiable sobre la propiedad de los inmuebles, garantizando así la seguridad jurídica tanto para ciudadanos como para empresas inversoras. “Aclarar la situación legal del predio es una medida necesaria y justificada. Solo de esta forma se podrá demostrar que el proceso se está llevando a cabo con apego a derecho y sin perjuicio para ninguna de las partes involucradas”, afirmó el diputado. Además, argumentó que resolver este conflicto brindaría la certeza necesaria a los empresarios interesados en invertir en Nuevo León, consolidando al estado como un polo de desarrollo tecnológico y atrayendo inversiones extranjeras.
El posicionamiento de Lechuga se enmarca en la necesidad de fortalecer la eficiencia, legalidad y transparencia de las instituciones estatales. Según el legislador, apoyar este exhorto es una decisión responsable que contribuirá al desarrollo económico y social del estado, evitando que posibles irregularidades o disputas sobre la propiedad del terreno afecten la concreción de un proyecto tan relevante para la región.
