La violencia sigue en aumento y el Estado no logra contenerla. Pese a los discursos optimistas, los homicidios se han disparado en los últimos dos meses, alcanzando cifras alarmantes. En abril se registraron 93 asesinatos, 20 más que en marzo y 35 más que en febrero, lo que refleja un deterioro constante de la seguridad en la entidad.
El Secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla, intentó justificar la situación señalando que se han logrado “detenciones relevantes”, aunque los resultados siguen sin reflejarse en la realidad. Según el funcionario, durante abril se detuvieron a 369 personas vinculadas con delitos de alto impacto, incluyendo a 42 considerados como objetivos prioritarios.
“Esperemos que se refleje en los siguientes meses”, declaró Escamilla durante una conferencia de prensa tras una reunión de la Mesa para la Construcción de la Paz. Sin embargo, esa esperanza contrasta con el sentimiento de la ciudadanía, que día tras día vive con miedo, en medio de ejecuciones, enfrentamientos y desapariciones.
La escalada de homicidios evidencia una estrategia fallida del Estado para garantizar la seguridad. A pesar de los supuestos golpes al crimen organizado, la violencia no cesa. Las cifras hablan por sí solas y muestran que la inseguridad sigue ganando terreno.
Colectivos ciudadanos y organizaciones han exigido acciones contundentes y no solo promesas o recuentos de detenciones que, hasta ahora, no se traducen en paz para la población. Mientras tanto, abril cierra como uno de los meses más violentos del último año, y las autoridades parecen más enfocadas en justificar su ineficacia que en proteger a la ciudadanía.
La pregunta es clara: ¿cuántas muertes más se necesitan para que el Estado realmente actúe con firmeza?
