La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social (OADPRS) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de proteger los derechos de las personas privadas de la libertad en su calidad de consumidores dentro de los Centros Federales de Reinserción Social (Ceferesos).
El acuerdo busca garantizar que los productos que ingresan a los Ceferesos se vendan a precios justos, utilizando como base de referencia el programa “Quién es Quién en los Precios” (QQP) de la Profeco. Este convenio da seguimiento a la recomendación 078/2022 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que denunció irregularidades en los precios de productos al interior de los centros penitenciarios.
El nuevo convenio, firmado el 20 de mayo por Omar Reyes Colmenares, titular del OADPRS; Iván Escalante Ruiz, titular de la Profeco, y la apoderada legal de la empresa proveedora, actualiza el acuerdo inicial establecido en 2018 y refuerza la obligación de transparencia y justicia en el consumo para personas en situación de reclusión.
Como parte del convenio, el OADPRS enviará cada dos meses un catálogo de productos a la Profeco, quien cruzará la información con su base de datos de precios de mercado. En caso de no encontrar productos específicos en el QQP, se utilizarán equivalentes similares para establecer precios de referencia. Esta información será compartida con la empresa proveedora, a fin de establecer montos finales razonables.
Además, la Subprocuraduría de Verificación y Defensa de la Confianza de la Profeco será la encargada de vigilar que la empresa respete lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor. Por su parte, el OADPRS deberá emitir reportes trimestrales sobre los avances y cumplimiento del acuerdo.
“Con este convenio se pone el acento en la dignidad humana, garantizando mejores condiciones de vida, incluso en circunstancias difíciles”, señaló Escalante Ruiz, quien reiteró el compromiso de asegurar una ética de consumo basada en derechos y transparencia.
Este acuerdo representa un paso importante hacia la equidad y el respeto de los derechos humanos dentro del sistema penitenciario federal.
