En defensa de los derechos de los jubilados del magisterio estatal, los senadores Waldo Fernández González y Judith Díaz presentaron un Punto de Acuerdo ante el Senado de la República, con el objetivo de exhortar al Gobierno de Nuevo León y al ISSSTELEÓN a garantizar ajustes salariales proporcionales a los otorgados al personal activo, particularmente para quienes se jubilaron bajo el régimen previo a la reforma de 1993.
Ambos legisladores señalaron que, desde su creación, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (ISSSTELEÓN) contemplaba pensiones equivalentes al 100% del salario base de los trabajadores activos, incluyendo incrementos automáticos conforme a los aumentos salariales. Sin embargo, tras una reforma en 1993, este esquema fue reemplazado por uno que ajusta las pensiones únicamente con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), dejando a miles de jubilados sin el beneficio de incrementos proporcionales al salario activo.
La senadora Judith Díaz explicó que, pese a esa modificación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha respaldado en diversas ocasiones el derecho de los jubilados a contar con una pensión dinámica, es decir, que sus ingresos se ajusten en proporción a los aumentos de los trabajadores activos, tal como lo cotizaron durante su vida laboral.
Por su parte, el senador Waldo Fernández denunció que, aunque en 2023 el Gobierno de Nuevo León comenzó a acatar dicha jurisprudencia, en 2024 se negó a aplicar el ajuste salarial completo a los jubilados. “El aumento a los trabajadores activos fue del 11.09%, mientras que a los jubilados sólo se les reconoció un 4.66%, lo que implica una diferencia del 6.43% y una deuda acumulada de más de 425 millones de pesos”, precisó.
El Punto de Acuerdo solicita el pago inmediato de esa diferencia con retroactividad al 1º de enero de 2024 y la implementación de mecanismos claros y legales para actualizar periódicamente las pensiones. También exige evitar discriminación entre jubilados, realizar auditorías independientes sobre los fondos del ISSSTELEÓN y remitir información clave al Congreso sobre el manejo de las pensiones.
Finalmente, se pidió a la CNDH y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León investigar posibles violaciones a los derechos humanos de los jubilados afectados y emitir las recomendaciones correspondientes.
