La recién creada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) –impulsada por la presidencia de Claudia Sheinbaum– pretende unificar la tecnología gubernamental y acelerar la digitalización de trámites, sin embargo, expertos alertan que concentra excesivo poder en manos del Estado.
Norberto Maldonado, especialista en tecnología, advierte que este rumbo adoptado por esta administración equivale a un “retorno al Estado proteccionista” y es una apuesta a un actor público sin experiencia ni capacidad comprobada para desarrollar tecnología propia.
En su opinión, México corre el riesgo de sustituir un mercado dinámico por un monopolio ineficiente: “los criminales sí están invirtiendo en herramientas de inteligencia artificial y de ciberseguridad, en las que no invierten ni el gobierno, ni la iniciativa privada ni la academia”, señala Maldonado, lo que refleja la baja participación del sector privado y educativo en la agenda digital.
El contraste con economías colaborativas es marcado: en Brasil, por ejemplo, el portal único gov.br ya centraliza cientos de servicios y la identificación electrónica para más de 150 millones de ciudadanos, mientras numerosos estados y municipios desarrollan soluciones tecnológicas en alianza con “plataformas cívicas” y universidades. India ha impulsado una infraestructura digital pública masiva, y un ejemplo de ello es la plataforma de documentos DigiLocker, que brinda servicios gubernamentales “transparentes y centrados en el ciudadano”.
Corea del Sur ha adoptado la estrategia de “gobierno plataforma digital”, donde “ciudadanos, empresas y gobierno trabajan en colaboración sobre una plataforma donde todos los datos están conectados”. Maldonado subraya que estos ecosistemas abiertos contrastan con el modelo mexicano: mientras otros países integran sociedad, academia y sector privado en su hoja de ruta digital, México opta por un ente estatal único.
La creación de la ATDT también plantea múltiples retos internos. Analistas de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi) advierten sobre vacíos institucionales clave: por ejemplo, la administración del espectro radioeléctrico –antes en el IFT– no ha sido asignada y quedaría fuera de la nueva agencia.
Además, las tareas regulatorias del extinto IFT se repartirán entre la ATDT, la Secretaría de Infraestructura y un nuevo organismo económico, lo que creará una “doble (o triple) ventanilla” para trámites, encareciendo procesos. De hecho, desde la Amedi se insiste en que la ATDT, al depender directamente del Ejecutivo, carece de independencia técnica, lo que “limita su independencia y puede afectar la neutralidad de sus decisiones” en áreas sensibles como concesiones y espectro. “La agencia enfrenta conflictos de competencia y gobernanza que pueden traducirse en burocracia duplicada, sobrecostos y retrasos en proyectos estratégicos” advierte el experto.
Las cifras comparativas exponen los desafíos de México en el tablero global. Según la Asociación Internet MX, el 80.8% de los mexicanos usa internet (96.87 millones de personas), pero un 19.2% de la población sigue desconectada, cifra que trepa en zonas rurales (solo 66.0% de penetración).
En gobierno electrónico, el panorama internacional deja ver que México apenas ha llegado al grupo de “muy alto desarrollo” en el índice mundial de e-gobierno, mientras Corea del Sur es líder en el ranking global, ya que siempre está entre los tres primeros desde 2010.
La inversión en innovación es otro talón de Aquiles: México destina aproximadamente 0.3% del PIB a I+D (público y privado), muy por debajo del 1.17% de Brasil o el 4.81% de Corea del Sur. Estos rezagos estructurales –escasa investigación, brechas de conectividad y reguladores múltiples– erosionan la competitividad digital nacional y ponen en duda la eficacia del modelo actual.
De acuerdo con Maldonado, la ATDT plantea más dudas que certezas sobre el futuro digital de México: concentra el poder tecnológico en un organismo estatal poco probado, mientras margina a la iniciativa privada y al sector académico. Además, el experto advierte que México no puede permitirse repetir errores: la Agencia tiene potencial para unificar esfuerzos, pero también “pone en riesgo una estructuración tecnocrática que favorece la politización antes que la innovación” y concluye preguntándose ¿hasta cuándo seguiremos apostando por un modelo digital ineficiente y monopólico que condena a México al rezago?.
