Gabriel Jesús Sarmiento, influencer y activista digital de 25 años, fue asesinado a tiros la noche del domingo 22 de junio en su domicilio en Maracay, Venezuela, mientras realizaba una transmisión en vivo por TikTok. El crimen conmocionó a miles de internautas al presenciar en tiempo real el brutal ataque luego de que Sarmiento denunciara públicamente a organizaciones criminales y a funcionarios policiales corruptos.
Durante la transmisión, el joven programador y analista de ciberseguridad señaló directamente a miembros de las temidas bandas “El Tren de Aragua” y “El Tren del Llano”, además de acusar al fiscal regional de ser cómplice por omisión. “Estamos cundíos de funcionarios delincuentes”, gritó Sarmiento antes de que hombres armados irrumpieran en su domicilio. El video fue interrumpido abruptamente entre gritos, disparos y una desgarradora frase: “Me dispararon, me dispararon”.
En los segundos finales del video, se observa sangre en el piso, una mujer gritando por ayuda y la figura de al menos dos sujetos armados. La escena provocó indignación generalizada en redes sociales, comparando este caso con el de la influencer Valeria Márquez, asesinada también en una transmisión en vivo en México.
Sarmiento contaba con más de 77 mil seguidores en TikTok y había ganado notoriedad por denunciar extorsiones, amenazas y violaciones de derechos humanos por parte de cuerpos policiales y grupos delictivos en Venezuela. En sus videos, se refería frecuentemente a Héctor Guerrero, alias “Niño Guerrero”, presunto líder del Tren de Aragua, considerado una de las organizaciones criminales más peligrosas de Latinoamérica.
La Fiscalía venezolana confirmó que se abrió una investigación para identificar y castigar a los responsables. “Fue designada la Fiscalía 69 con competencia nacional para investigar el sicariato del joven Sarmiento”, informó el Ministerio Público en redes sociales. La institución también reconoció que el influencer había denunciado amenazas previas por parte de miembros de grupos estructurados de delincuencia organizada (GEDOS) y presuntos funcionarios policiales.
Hasta el momento, no hay detenidos ni se ha esclarecido el móvil oficial del crimen. La comunidad digital exige justicia y protección para quienes denuncian la corrupción y criminalidad en el país.
