Desde el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, las condiciones de los niños migrantes recluidos en centros de detención se han deteriorado drásticamente, según denuncias de organizaciones civiles que documentaron abusos físicos, verbales y psicológicos por parte del personal custodio. Los testimonios forman parte de un juicio en curso en California, cuyo propósito es evitar que el gobierno federal elimine el histórico Acuerdo Flores, firmado en 1997 para garantizar el trato digno y la protección de menores migrantes detenidos.
De acuerdo con transcripciones judiciales que declara el medio de comunicación MILENIO tener en su poder, los menores han sido víctimas de tratos degradantes, como ser llamados “mierda”, recibir comida arrojada al piso o ser tratados “como perros”. Uno de los testimonios relata: “Nos dijeron que el presidente Trump había cancelado el asilo y que no habría durante cinco años”. Otro niño describe las condiciones del encierro como “una prisión”, donde romper una regla puede significar pasar 24 horas encerrado en una celda sin luz natural.
Las madres, muchas también recluidas, viven con temor constante al presenciar el maltrato físico y verbal hacia sus hijos, incluso hacia bebés de brazos. “Mami, ¿los van a matar?”, preguntó uno de los menores al ver cómo eran tratados otros detenidos. Algunos custodios incluso les silban para darles órdenes, simulando un trato animal.
Las organizaciones civiles han recabado más de 90 testimonios que documentan estas condiciones inhumanas. Alegan que la violencia se ha intensificado desde que Trump retomó el poder y reactivó su retórica contra los migrantes, presentándolos como una amenaza.
El Acuerdo Flores nació tras la detención de Jenny Lisette Flores, una menor salvadoreña detenida en 1985. En 1997, el gobierno estadounidense firmó el acuerdo que obligaba a liberar a los menores lo antes posible y a mantenerlos en condiciones dignas mientras se resolvía su situación migratoria.
No obstante, el pasado 22 de mayo, el Departamento de Justicia de Trump solicitó oficialmente su cancelación total, lo que provocó una nueva batalla judicial por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes advierten que anular el acuerdo expondrá aún más a los niños migrantes a abusos sistemáticos.
