El gobierno del presidente Donald Trump presentó una demanda federal contra la ciudad de Nueva York, argumentando que sus políticas de “ciudad santuario” interfieren con la aplicación de leyes migratorias y contribuyeron al reciente tiroteo a un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), ocurrido en Manhattan.
La acción legal, interpuesta por el Departamento de Justicia, señala que las medidas adoptadas por la ciudad —como la negativa de su policía a colaborar con órdenes de detención civil migratoria— han permitido la liberación de personas con historial delictivo. En el caso más reciente, dos hombres acusados de atacar a un agente de la CBP ya habían sido arrestados anteriormente tras ingresar ilegalmente desde República Dominicana, pero fueron liberados pese a existir órdenes migratorias en su contra.
Pam Bondi, secretaria de Justicia, aseguró que la ciudad ha “liberado a miles de criminales” y advirtió: “Si la ciudad de Nueva York no defiende la seguridad de sus ciudadanos, nosotros lo haremos”. La demanda también incluye como acusados al alcalde Eric Adams, a la comisionada de policía Jessica Tisch y a otros funcionarios locales.
El incidente que motivó la demanda ocurrió el fin de semana en un parque bajo el Puente George Washington. El agente de la CBP, fuera de servicio, fue baleado en el rostro y brazo tras un intento de asalto, pero logró responder con su arma. Uno de los sospechosos fue herido en la ingle y la pierna.
Aunque el alcalde Adams ha mostrado disposición para revisar las políticas, su oficina indicó que el Concejo Municipal no ha considerado cambios. La Unión de Libertades Civiles de Nueva York, por su parte, defendió las políticas de santuario, afirmando que estas fortalecen la seguridad y cohesión comunitaria.
La demanda alega violaciones a la cláusula de supremacía de la Constitución y se suma a otras similares contra ciudades como Los Ángeles y Rochester, reafirmando el enfrentamiento entre el gobierno de Trump y jurisdicciones que protegen a migrantes.
