En los últimos meses, Estados Unidos ha intensificado la cancelación de visas a políticos mexicanos, principalmente de Morena, como una aparente advertencia ante presuntos vínculos con el crimen organizado o investigaciones abiertas. Entre los más recientes casos destaca el de Mario Alberto López Hernández, diputado federal del PVEM y exalcalde de Matamoros, a quien se le impidió el ingreso a Texas bajo el argumento de que su visa “estaba dañada”.
La lista de funcionarios sancionados incluye a Óscar Eduardo Castro, alcalde de Puerto Peñasco; Alberto Granados Fávila, alcalde de Matamoros; Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, y Norma Bustamante, alcaldesa de Mexicali, entre otros. Estas acciones reflejan una creciente presión de Washington sobre figuras políticas mexicanas de distintos partidos, aunque en su mayoría ligadas a Morena.
En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum cumple un año en el cargo sin detenciones de alto impacto contra el crimen organizado, lo que contrasta con sus antecesores, quienes en sus primeros meses lograron capturas emblemáticas. Hasta ahora, los operativos más relevantes han sido contra redes de huachicol fiscal en Tamaulipas y la detención en Paraguay de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco, lo que ha desatado críticas hacia el senador Adán Augusto López por su cercanía con el exfuncionario.
