El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, vetó la primera vuelta de la reforma electoral aprobada por el Congreso local, al considerar que representa un retroceso en materia de paridad de género. A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo estatal presentó observaciones al acuerdo 116, amparándose en el artículo 125, fracción décima, de la Constitución del Estado, que le permite formular objeciones dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción del dictamen.
Las observaciones se enfocan en dos puntos clave. Primero, el Gobierno estatal criticó que la reforma pospone la implementación plena de la paridad de género hasta el proceso electoral de 2030, lo que calificó como una vulneración al principio de progresividad de los derechos políticos de las mujeres, consagrado en la Constitución Federal. Segundo, se argumentó que la propuesta legislativa debe ser analizada en el marco del proceso nacional de reforma electoral, encabezado por la Comisión Presidencial instalada en agosto de 2025, para evitar contradicciones normativas y falta de armonización jurídica.
El Congreso de Nuevo León había aprobado el dictamen el 23 de septiembre, con apoyo de las bancadas del PRI y PRD, estableciendo que en 2027 los partidos podrían definir libremente el género de su candidatura a la gubernatura. Según el Ejecutivo, esta disposición vulnera el principio de paridad sustantiva. Tras el veto, el Congreso deberá revisar las observaciones y decidir si las acepta o insiste en mantener el texto original, lo que requeriría una votación calificada. El uso del veto constitucional, inactivo por más de ocho meses, reaviva la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en vísperas de los comicios de 2027.
