Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó una denuncia formal ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno contra Virginia Guillén Ávalos, trabajadora de la empresa productiva del Estado, luego de la polémica desatada por la ostentosa fiesta de XV años de su hija celebrada en Tabasco, cuyo costo habría ascendido hasta los 40 millones de pesos. La querella busca que se investigue si existe congruencia entre los ingresos de la funcionaria y su patrimonio declarado.
La denuncia fue interpuesta ante la Unidad de Responsabilidades de la dependencia federal, que ahora deberá revisar posibles irregularidades en las declaraciones patrimoniales de Guillén Ávalos, así como eventuales omisiones sobre bienes, cuentas bancarias y activos adquiridos en los últimos años. Pemex señaló que será la autoridad anticorrupción la que determine si existen responsabilidades administrativas o alguna conducta indebida por parte de la empleada.
El caso se volvió viral luego de que en redes sociales circularan imágenes y videos de la lujosa celebración, en la que participaron artistas como Belinda, Galilea Montijo, J Balvin, Xavi y la agrupación Matute, lo que generó cuestionamientos sobre el origen de los recursos utilizados para financiar el evento.
De acuerdo con información oficial, Virginia Guillén Ávalos se desempeña como auxiliar técnico B en Pemex Exploración y Producción y percibe un salario mensual neto aproximado de 38 mil pesos. Sin embargo, las autoridades también revisan la compra de diversos inmuebles, terrenos y un vehículo de lujo BMW valuado en casi 900 mil pesos, además de inconsistencias detectadas en sus declaraciones patrimoniales recientes, donde no se habrían detallado cuentas bancarias ni otros activos.
La funcionaria además está casada con Juan Carlos Guerrero Rojas, empresario tabasqueño y contratista vinculado con Pemex, situación que ha intensificado el escrutinio sobre posibles conflictos de interés. El caso de la llamada “quinceañera de Tabasco” ha reavivado el debate nacional sobre la transparencia en el servicio público y podría convertirse en un precedente relevante en materia de fiscalización patrimonial de servidores públicos en México.
