Representantes de organizaciones, especialistas, académicos y diputadas locales exigieron establecer sanciones efectivas contra instituciones educativas que discriminen o excluyan a estudiantes neurodivergentes y con discapacidad, tanto en escuelas públicas como particulares de Nuevo León.
Durante el panel “Sanción y castigo a las instituciones educativas no inclusivas”, realizado dentro del ciclo Diálogos de Poder, se señaló que persisten omisiones institucionales que dificultan garantizar el derecho a la educación inclusiva, mientras familias enfrentan procesos que pueden prolongarse durante años sin una respuesta.
Cecia González Avendaño, secretaria técnica del mecanismo de monitoreo de la CEDHNL, informó que la Secretaría de Educación estatal mantiene pendientes tres instrumentos contemplados por la legislación: el Reglamento Operativo de la Ley, el Protocolo de Educación Inclusiva y el Plan de Transición del sistema educativo. La Comisión ya solicitó información a las autoridades sobre el avance de estos documentos.
Durante el encuentro también se expuso un dato que encendió las alertas: un estudio sobre jóvenes con discapacidad intelectual que concluyeron su educación básica encontró que 87.7 por ciento egresó de secundaria en condiciones de analfabetismo o analfabetismo funcional, pese a haber recibido su certificado de estudios.
Especialistas y representantes de familias denunciaron además la falta de equipos multidisciplinarios y unidades de apoyo psicopedagógico en planteles, así como casos en los que expedientes relacionados con acoso y agresiones contra estudiantes permanecen hasta cuatro años en los Órganos Internos de Control sin una resolución.
El especialista en genética e inclusión, Rodolfo Guillermo A. Flores Briseño, cuestionó también el presupuesto destinado a educación especial, al señalar que habría disminuido a alrededor de 0.3 por ciento del gasto educativo. Advirtió que cualquier reforma requiere recursos específicos y permanentes para poder aplicarse.
En el panel participaron también Brenda Sofía Cruz Guzmán, psicóloga de la Asociación Regiomontana de Niños Autistas (ARENA), y Maribel Ramos Gómez, del colectivo Educación Sin Barreras NL, quienes plantearon sustituir el enfoque exclusivamente clínico por uno basado en derechos humanos y eliminar la figura de la llamada “maestra sombra” para avanzar hacia personal de apoyo especializado en conducta y socialización.
Desde el Congreso local, la diputada de Morena Grecia Benavides Flores adelantó que solicitará explicaciones al secretario de Educación durante la Glosa del Informe del Ejecutivo y dará seguimiento a las quejas que permanecen sin resolución.
A su vez, la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz, señaló que la Ley de Educación de 2026 contempla multas y hasta la revocación del RVOE para los planteles que incumplan las disposiciones de inclusión. Añadió que el Poder Ejecutivo tiene hasta octubre para publicar los protocolos definitivos.
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