En un polémico movimiento legal, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, ha recurrido nuevamente a la justicia federal para protegerse de un posible juicio político, pero esta vez no lo hizo solo. En un acto sin precedentes, el mandatario incluyó en su amparo a 12 miembros de su familia, entre ellos su esposa Mariana Rodríguez, sus padres, hermanos, suegros y cuñados, buscando evitar cualquier acción en su contra y en la de su círculo más cercano.
El recurso, presentado el 17 de enero ante un juez federal de Reynosa, le otorgó una suspensión definitiva que lo resguarda de cualquier acción de las autoridades estatales derivadas del juicio político. Este blindaje levanta serias dudas sobre si el gobernador teme represalias legítimas o si intenta eludir cualquier rendición de cuentas, llevándose a su familia como escudo.
La inclusión de sus familiares en la solicitud de amparo ha generado indignación y especulación sobre el verdadero trasfondo de esta acción. ¿Acaso Samuel García teme que la justicia alcance no solo su mandato, sino también a su entorno más cercano? La estrategia recuerda al amparo que promovió en septiembre de 2023, cuando argumentó que lo presionaban para abandonar sus aspiraciones presidenciales, sugiriendo que está dispuesto a usar todos los recursos legales a su alcance para protegerse.
Este episodio suma un nuevo capítulo a la turbulenta administración del gobernador neolonés, quien ahora enfrenta cuestionamientos no solo por sus decisiones políticas, sino por el temor que lo ha llevado a recurrir a la justicia para evitar enfrentar las consecuencias de sus actos. Mientras tanto, la audiencia constitucional para definir el futuro del amparo está programada para el 6 de marzo, una fecha clave que podría definir el destino de su administración y de su familia.
