Una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial del estado, con la intención de modificar la integración del consejo de movilidad el cual aprueba las alzas al transporte público entre otras políticas públicas relevantes, presentó este martes, el diputado morenista Jesús Elizondo.
Tras entregar el escrito en la Oficialía de Partes del Congreso, el diputado dijo que busca una solución de fondo para dar marcha atrás al tarifazo haciendo que la ciudadanía tenga mayor peso en la toma de decisiones.
La modificación busca que sea el congreso quien convoque a la ciudadanía a integrar este consejo el cual con la modificación tendría 10 integrantes electos bajo consulta organizada por la autoridad electoral de Nuevo León y agrega más representantes de Organizaciones No Gubernamentales y representantes estudiantiles de universidades públicas y privadas.
El legislador mencionó que con la reforma se busca que decisiones de movilidad no respondan únicamente a intereses técnicos o administrativos, sino también a las realidades cotidianas de los usuarios.
¡NO AL TARIFAZO! Que el pueblo sea parte de las decisiones. Te cuento pic.twitter.com/kAOIyIEcNS
— Jesús Elizondo (@JesusElizondoS) January 15, 2025
Jesús Elizondo asegura que se busca incluir a sectores relegados
Afirmó que Morena busca una representación ciudadana más amplia y democrática permitirá visibilizar a sectores frecuentemente ignorados, como personas con discapacidad, comunidades marginadas, peatones y ciclistas, quienes dependen significativamente de las políticas públicas de movilidad
“El pueblo no solo es beneficiario, sino también actor clave en la identificación de problemas y en la propuesta de soluciones innovadores, a través de su participación directa, como bien hizo nuestra hoy presidenta Claudia Sheinbaum en la CDMX donde presentó soluciones integrales de movilidad escuchando a la ciudadanía”, dijo.
El legislador hizo hincapié en que los representantes ciudadanos que integran el Consejo deben ser verdaderos representantes de los intereses comunes del pueblo y no atiendan a intereses de gobierno o partidistas, para lo cual se especifica en la ley que no deben ser funcionarios de gobierno ni afiliados a partidos políticos.
