El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la Ley Laken Riley, la primera pieza legislativa de su administración, la cual exige la detención y posible deportación de migrantes acusados de robo y crímenes violentos antes de ser condenados. La norma, aprobada con respaldo republicano y algunos votos demócratas, ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre el riesgo de detenciones masivas por delitos menores.
La ley lleva el nombre de Laken Riley, una estudiante de enfermería de Georgia asesinada en 2024 por José Antonio Ibarra, un ciudadano venezolano que se encontraba en el país sin permiso de residencia. Trump calificó la legislación como un “gran homenaje” a Riley y aseguró que es solo el inicio de un enfoque más agresivo contra la migración ilegal, al que considera una amenaza para la seguridad del país.
Sin embargo, opositores argumentan que la medida no aborda el problema de fondo en el sistema migratorio y podría dar paso a una expansión del aparato de detención y deportación. La ACLU advierte que podría permitir la reclusión prolongada de personas acusadas de delitos no violentos, mientras que algunos demócratas cuestionan su constitucionalidad y prevén impugnaciones legales.
Además de endurecer las detenciones, la ley otorga a fiscales generales estatales el derecho de demandar al Gobierno federal por decisiones migratorias, lo que podría fortalecer el control de estados conservadores sobre la política migratoria. Expertos prevén que la implementación de la ley enfrentará múltiples desafíos en los tribunales y generará un debate sobre el uso de fondos públicos para expandir los centros de detención.
